En un ejercicio de Parlamento Abierto convocado por la Comisión de Justicia del Senado de la República que preside el senador Julio Menchaca Salazar, se realizó un ciclo de conferencias titulado “Legislación única, en materia procesal civil y familiar”. El objetivo fue escuchar la opinión de expertas y expertos que puedan trazar la ruta para construir un ordenamiento jurídico uniforme en materia civil para expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Durante este ejercicio se destacó la necesidad de construir un ordenamiento que brinde certeza y celeridad a los procesos jurisdiccionales en materia civil y familiar, tal y como lo establece el artículo 17 de la Constitución. Para tal efecto, durante mayo se analizó la estructura general del Código Nacional de Procedimientos Civiles, con énfasis en la oralidad y los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; así como la digitalización de expedientes, firmas electrónicas de jueces, juezas, secretarios, las partes y abogados, así como el desarrollo de audiencias por video conferencias.

Como parte de uno de los paneles de discusión participaron integrantes del Poder Judicial quienes hicieron énfasis en la necesidad de digitalizar los procesos jurisdiccionales y abrir paso a los medios electrónicos, lo cual podría ayudar a dar celeridad y lograr una justicia pronta y expedita.

En su intervención, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, magistrado de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, indicó que uno de los principales problemas es que existen múltiples códigos procesales civiles, uno por entidad federativa. Esto, señaló, ha dado lugar a criterios totalmente distintos, genera desigualdad y aumenta el trabajo de la Suprema Corte.

El magistrado enfatizó que el nuevo Código debe “poner en el centro a la ciudadanía”, para procurarle una justicia pronta y expedita, en lugar de pensar en reducir el trabajo del Poder Judicial y de los abogados. “Se debe buscar el beneficio de las personas y no de las instituciones”.

Además, consideró indispensable establecer el juicio oral como procedimiento principal; aunque su puesta en marcha requiere una inversión importante, dijo, a futuro implicará una reducción de gastos.

“Reiteró que la digitalización de los procesos jurídicos acercará la justicia a la ciudadanía y ayudará a eliminar las barreras físicas que, en ocasiones, impiden una correcta aplicación de la justicia.”

A su vez, Luz María Anaya Domínguez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, afirmó que se deben romper los paradigmas tradicionales e impulsar la digitalización de los procesos, creando mecanismos apoyados en las tecnologías para simplificar y hacer más eficiente la labor jurisdiccional en beneficio de las y los ciudadanos.

Reiteró que la digitalización de los procesos jurídicos acercará la justicia a la ciudadanía y ayudará a eliminar las barreras físicas que, en ocasiones, impiden una correcta aplicación de la justicia.

Anaya Domínguez dijo que se debe analizar si se quiere realizar juicios digitales completos o sólo parciales, pues de ello dependerá el plan de implementación en cada uno de los tribunales del país, así como el presupuesto destinado para la puesta en marcha de los juicios en línea.

 

 

 

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