Entrevista con la Mtra. Carla Humphrey Jordan, Consejera del INE, y el Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la UIF.

 

“Algunos de los fenómenos que más preocupan a las autoridades electorales son la prevención y combate de la violencia política contra las mujeres y los actos de corrupción política como la compra de votos, el peculado electoral y de dinero sucio en campañas.”

En plena pandemia, el próximo 6 de junio tendremos la elección más grande y compleja de la historia de México, en la que se elegirán poco más de 21,000 representantes populares federales y locales en todo el país. A nivel federal serán electos los 500 miembros de la Cámara de Diputados (300 de mayoría y 200 de representación proporcional). A nivel local, 15 gobernadores, 1063 diputados locales y 1923 alcaldías en 30 entidades.

Algunos de los fenómenos que más preocupan a las autoridades electorales son la prevención y combate de la violencia política contra las mujeres y los actos de corrupción política como la compra de votos, el peculado electoral y de dinero sucio en campañas.

Para hablar sobre estos temas y sobre el Convenio de Colaboración que recién firmaron el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Foro Jurídico entrevistó a dos expertos en materia electoral: la Consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, quien ha sido Consejera Ciudadana en el Instituto Electoral del Distrito Federal y proyectista de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a Santiago Nieto Castillo, actual titular de la UIF de la SHCP, quien ha sido Magistrado Electoral Federal y Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR (Fepade). Reproducimos para nuestros lectorales la parte sustancial de la entrevista.

 

Foro Jurídico (FJ): Consejera Carla Humphrey (CH), las próximas elecciones de junio serán las más grandes y complejas de nuestra historia, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrenta el INE?

CH: Además del número de cargos que están en juego (más de 21,000), las elecciones de 2021 son importantes por las reformas que se han realizado en materia de paridad de género desde 2014 y que en 2019 se ampliaron para que la mitad de los cargos sean ocupados ahora por mujeres. A raíz de que los partidos tienen esta obligación de postular paritariamente candidatas mujeres, se ha visibilizado más el contexto de violencia política en contra de las mujeres y se hizo evidente que no contamos con un marco normativo adecuado para combatir, atender, prevenir, sancionar, reparar, ni erradicar la violencia política en razón de género. Durante varios años se intentó ampliar el marco electoral para atender la violencia política contra las mujeres y en 2015 distintas autoridades creamos un protocolo para atenderla. Sin embargo, nos hacía falta un tipo penal, un tipo de violencia política en razón de género, por lo que fue un acierto que esta legislatura de paridad –la primera que tenemos con 48.2% de mujeres en la Cámara de Diputados y un 49.2% en el Senado–, se hayan aprobado estas dos importantes reformas sobre violencia política en razón de género, que implicó modificaciones a ocho distintas legislaciones, dos federales y seis generales, y que amplía la aplicación del principio de paridad a todos los cargos de elección pública en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles del Estado, en los órganos autónomos y bajo sistemas normativos internos. Esto nos coloca en una cuarta posición mundial en este tema, por encima de países como Suecia, por ejemplo. Desde la presidencia de la Comisión de Género del INE hemos impulsado distintas iniciativas para materializar de forma exitosa la implementación de estas dos reformas que serán notas centrales de este proceso electoral.

Otra complejidad es organizar elecciones en tiempos de pandemia, garantizando que las mujeres puedan postularse a estos espacios. Hay que generar las estrategias para que las mujeres se postulen a dichos cargos y que lo hagan en contextos libres de violencia.

“Las autoridades electorales también deben aportar con, por ejemplo, un juicio de protección de derechos para las ciudadanas, con un procedimiento especial sancionador diseñado para estos casos y con las denuncias que se puedan presentar ante las fiscalías especializadas en delitos electorales”: Carla Humphrey.

La nota más importante de este proceso electoral radica en que es la primera vez que tenemos este marco normativo para combatir la violencia política en razón de género y todas las autoridades, principalmente las electorales, tenemos que coordinarnos para que ninguna mujer que haya sido violentada en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales se quede sin las herramientas para defender su derecho o para postularse a un cargo de elección popular. Los partidos políticos están obligados a contar con órganos capacitados que únicamente atiendan los temas de violencia política en el interior de los propios partidos, que otorguen medidas cautelares y de protección. Las autoridades electorales también deben aportar con, por ejemplo, un juicio de protección de derechos para las ciudadanas, con un procedimiento especial sancionador diseñado para estos casos y con las denuncias que se puedan presentar ante las fiscalías especializadas en delitos electorales. Considero que finalmente contamos con un marco adecuado para enfrentar la violencia política y como todas las leyes y el marco normativo, se debe evaluar en este proceso electoral si este marco normativo es el adecuado para combatir la violencia política en razón de género.

 

FJ: Dr. Santiago Nieto (SN), ¿qué opina de la nueva normatividad sobre violencia política contra las mujeres y cómo se coordinan institucionalmente la UIF y el INE en este tema y en el de la corrupción política?

SN: Este tema de la violencia política contra las mujeres tiene su origen en un hecho que ocurrió en Bolivia: la muerte de una concejal que primero fue discriminada, luego atacada y ofendida hasta que terminó perdiendo la vida en un proceso relacionado con la restricción de sus derechos político-electorales. En 2015, cuando este debate se da en América Latina, en México se genera en el ámbito penal-electoral un análisis comparativo respecto de las denuncias que se habían presentado en 2012 para poder tener una idea clara de lo que estaba pasando. Encontramos que en 2012 hubo dos denuncias de violencia en contra de mujeres: en 2015 eran 38 denuncias que se presentaron en espacios académicos e institucionales. Estas denuncias consistían en que en relación con el principio de paridad, los hombres tuvieron reacciones violentas contra las mujeres al ver reducido su acceso a los cargos públicos en distintos ámbitos, desde discriminación en materia de campañas electorales, financiamiento de las campañas, hasta casos de violencia física. Los hechos se dieron en Oaxaca, Puebla, Sonora y Chiapas. La reacción institucional fue la creación de un protocolo para atender los casos de violencia política en contra de las mujeres por parte de la coordinación que encabezó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

Fue un primer paso, ¿por qué de naturaleza penal? Al final del día el Derecho Penal es la extrema ratio, pero tiene que calificar y sancionar aquellas conductas que vulneran la estructura básica de la sociedad. Hay otro tema que era muy importante, cuando se aprobó en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, planteándose una serie de casos de violencia que se daban en el ámbito de lo privado, pero no de lo público, la gran aportación de estas discusiones a partir del protocolo del 2015 y las reformas que vendrían después en paridad y en violencia política de 2019 y 2020, están relacionadas con esta idea: la violencia que puede existir en el ámbito de lo público que exigen la existencia de un tipo penal que permita, más allá de la sanción de los derechos políticos y económicos, poder llevar ante la extrema ratio del Estado a aquellas personas que rompen uno de los puntos fundamentales de cualquier sociedad democrática: la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

¿Cuáles son las medidas que estamos tomando en la actualidad? Estamos trabajando de manera coordinada la UIF y el INE. La consejera Carla Humphrey ha planteado a la UIF establecer un intercambio de información para poder individualizar las sanciones, para poder identificar la capacidad económica de los infractores en virtud del manejo de la inteligencia financiera, para poder combatir una conducta que nos lesiona como sociedad y como democracia.

 

FJ: Consejera CH, ¿como consultora de ONU MUJERES considera que México cumple en materia de violencia política contra las mujeres con los estándares internacionales?

CH: Sin duda estamos a la vanguardia. Sólo hay cuatro países en el mundo que cuentan con un marco normativo para el combate a la violencia política en razón de género que son Bolivia, Ecuador, Argentina y México. En ese sentido tenemos que ver pronto los resultados, el actual proceso electoral está arrojando algunas denuncias, se debe fomentar la cultura de la denuncia y el litigio estratégico porque de otra manera los casos serían pocos y nada visibles. Es necesario difundir esta información para que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, que consideren que pueden ocupar cualquier cargo de elección popular, no solamente a nivel estatal o federal, sino también en sus propias comunidades bajo los sistemas normativos internos.

En el INE hemos creado diversos acuerdos, como el de 3 de 3 contra la violencia, que está en vigor y es aplicable en esta elección, el cual obliga a candidatos y candidatas a presentar un formato bajo protesta de decir verdad, donde demuestren que no han incurrido en violencia intrafamiliar o doméstica, violencia sexual y no ser una persona deudora alimentaria. (Esto incide en elevar la calidad de representación que tenemos en los órganos del Estado y que ninguna persona que violente políticamente a una mujer pueda seguir haciéndolo).

“Necesitamos erradicar prácticas como la compra y el condicionamiento de los votos para que realmente cada voto valga lo mismo y podamos impulsar de esa manera una mejora en la calidad de la toma de las decisiones”: Santiago Nieto.

En estos temas es esencial la participación de la sociedad, ya que casi siempre nos enteramos de estos casos por medio de organizaciones de la sociedad civil que asesoran a mujeres para que impugnen o presenten denuncias o quejas. Frecuentemente nos falta sensibilidad para determinar y resolver las quejas que se presentan con perspectiva de género. Tenemos que trabajar mucho en este aspecto, además de crear una defensoría de los derechos de las mujeres desde las instituciones electorales, porque antes de rechazar una queja se debe hacer un análisis de riesgo para garantizar la seguridad de la mujer, así como la de sus familiares o equipos de trabajo, porque frecuentemente la manera en que se violenta políticamente a las mujeres no es directamente a ellas, sino también a sus allegados. En todo caso, se deben otorgar las medidas necesarias de protección o establecer cautelares y derivarlo a la autoridad competente. Las diversas autoridades todavía no asumimos que lo principal es salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres que están siendo violentadas y desafortunadamente han sido asesinadas, golpeadas, violadas por solamente pretender ocupar un cargo de elección popular.

Esta situación la hemos comprobado en el Tribunal elector, en una sesión donde se presentó un ejercicio poco claro, después de días se declaró que no tenían el engrose, si se tenía que cambiar o respetar el sentido de la votación respecto a obligar a los partidos a postular a más de ocho personas del mismo género. La primera versión del Tribunal fue: se vincula para que, en “la medida de lo posible”, de acuerdo a su normatividad interna, los partidos postulen a más mujeres. Afortunadamente la razón se impuso en la mayoría y ahora los partidos deben postular a siete mujeres. Ahora los partidos están haciendo un esfuerzo inusitado porque finalmente ya estaba en la ley, es su obligación; los partidos argumentaban que esta materia es reserva de ley y se tenía que legislar y que en el INE nos sobrepasamos, sin embargo, el Congreso de la Unión aprobó esa modificación al artículo 45 y 31 para aprobar la reforma conocida como Paridad Total. Creían que ellos tenían que legislar y es ridículo que argumenten que ellos no legislaron un dolo de su parte para beneficiarse de esto. Ahora la sentencia obliga al Congreso de la Unión y a los Congresos estatales a legislar, lo que sin duda será complicado.

Este es un claro ejemplo de violencia política contra las mujeres. Seguimos sufriendo esta violencia. Yo tuve debates con mis compañeros respecto a la encuesta de Morena en la cual consideraba que tenían que aplicar paridad, si un hombre gana la presidencia, la mujer mejor posicionada debe estar en la secretaría, es lo que manda la Constitución. Estamos ahora en una buena ruta que no debemos descuidar para garantizar el cumplimiento de estas dos reformas, la constitucional y la de marco normativo en materia de violencia política. Es un proceso complicado y la pandemia lo complica aún más, hacer campañas, capacitar a la ciudadanía, etcétera.

 

FJ: Dr. SN, ¿cómo prevenir y combatir fenómenos como compra de votos, peculado electoral y el dinero de la delincuencia organizada en campañas políticas a cambio de impunidad y privilegios?

SN: Lo fundamental en este caso tiene que ver con mejorar la calidad de la democracia. Como demócratas debemos ejercer los espacios desde donde nos encontramos en términos y principios de la Constitución. La consejera Humphrey hacía referencia a cómo interpretar una sentencia, cómo interpretar la Constitución cuando te dice todos y todos los cargos son todos, lo que tiene que ver con dos aspectos: el primero está vinculado con el tema de la violencia política contra las mujeres: conseguir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Se cuestionó de una forma muy clara ¿cómo vamos a mejorar la calidad sin la participación de las mujeres? Por esta razón se propusieron las reglas de cuota de género que se elevó a principio constitucional a partir de la paridad y se han mencionado los avances que se han tenido.

En general, debemos percibir a las instituciones con perspectiva de género, por ejemplo, en el caso de la UIF, la violencia política en contra de las mujeres es un caso, así como la trata de personas o los delitos que afectan a las mujeres de manera desproporcionada y que en muchas ocasiones tienen un componente de naturaleza financiera. Lo que se debe hacer es ver la construcción de las políticas constitucionales desde la perspectiva de género. Lo que podemos hacer en la UIF es buscar en nuestra base de datos casos de trata de personas, prostitución forzada, temas relacionados con tráfico de órganos, esclavitud, etc. En todos esos casos vamos a encontrar que las personas afectadas son en su mayoría mujeres, niñas y niños.

“El mensaje es que ninguna mujer violentada en sus derechos políticos-electorales se puede quedar sin defender, la gran misión de este proceso electoral es que todas las mujeres conozcan sus derechos y sepan cuáles son las herramientas y los mecanismos que tienen a su alcance para defenderlos”: Carla Humphrey.

El segundo aspecto tiene que ver con la economía. Alguna vez escuché decir al expresidente español Felipe González, que los seres humanos éramos iguales en dos momentos, al momento de morir y al de votar, ya que todos vamos a morir y al momento de votar, nuestro voto vale lo mismo. Por lo tanto, necesitamos erradicar prácticas como la compra y el condicionamiento de los votos para que realmente cada voto valga lo mismo y podamos impulsar de esa manera una mejora en la calidad de la toma de las decisiones. Esto pasa por el trabajo de inteligencia financiera y por problemas que van más allá de lo electoral, no creo que debamos cargar a las autoridades temas relacionados con servidores públicos o con la compra o coacción del voto. Hay que entender que muchas de estas conductas que vinculan a la corrupción con los procesos electorales son la parte negativa del proceso electoral; por ejemplo, Monex, Soriana, Pemexgate, Amigos de Fox, etc. Es decir, de financiamientos ilícitos a las campañas electorales, al igual que el narcotráfico en las elecciones o peculado electoral, son casos que se deben trabajar en contextos más allá de lo electoral; en los sistemas nacionales y locales de corrupción y por supuesto la vinculación del INE con la UIF que es además un mandato de naturaleza legal. La propia legislación electoral establece la obligación de tener convenios de colaboración y poder avanzar en el mejoramiento de los mecanismos y modelos de riesgo para evitar que existan este tipo de participaciones ilícitas.

¿Qué necesitamos erradicar? El condicionamiento a los programas sociales, éstos fueron creados para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no son para promocionar partidos políticos y gobiernos. También necesitamos combatir la presencia del narcotráfico, tanto en el ámbito municipal, como en el estatal, sobre todo cuando hay vínculos entre los gobiernos y grupos de delincuencia organizada. El tercer tema es el peculado electoral, es una labor de todos evitar que los recursos públicos vía empresas fachada, como sucedió en buena medida con la estafa maestra, con operación Zafiro de manera íntegra, terminen en campañas electorales a partir de contrataciones gubernamentales, por asesorías o por inflación de precios en materia de obra pública hacia empresas de naturaleza fachada que terminan retirando el dinero en efectivo y distribuyéndolo a partir de esquemas de transporte de valores.

Todas y todos los demócratas, desde el ámbito de los medios de comunicación, de la academia, de las instituciones, debemos fortalecer los procesos democráticos y los diseños institucionales que nos permitan dar mejores resultados. Es importante el convenio de colaboración que suscribimos al inicio de la actual administración federal entre la UIF y el INE. No debemos quedarnos aquí, sino seguir avanzando. Tal vez la violencia política en contra de las mujeres que ha planteado Carla Humphrey es una situación que plantea el mejoramiento de las políticas públicas para efectos de encontrar soluciones a los problemas nuevos que tiene nuestra democracia.

 

FJ: Consejera CH, ¿debería haber cambios en el IFE-INE a 30 años de su fundación?

CH: Desde luego que la institución electoral nacional debe cambiar. Llevamos 30 años haciendo las cosas del mismo modo; después de la pandemia tenemos otro país, hay que hacer uso de la tecnología. También se debe potenciar el ejercicio de los derechos político-electorales y en varias etapas internas en los procesos electorales para abaratar costos, hacerlo más accesible a la ciudadanía y más empático con las distintas formas en las que ahora ejercemos derechos, nos comunicamos, nos conectamos con nuestros familiares y nuestra vida diaria.

Un tema central es la violencia política en razón de género. Esto se mitiga en principio con la denuncia que hagan las mujeres violentadas. En este caso son importantes dos cosas: la mujer no tiene que ser directamente la que promueva o presente una denuncia o queja, puede ser cualquier persona porque ya hay jurisprudencia de la Sala. Muchas veces las mujeres o sus familiares están amenazados y no pueden presentar una denuncia. Estamos tratando de coordinar una acción conjunta entre todas las autoridades de este país para actuar en la defensa de las mujeres. El mensaje es que ninguna mujer violentada en sus derechos políticos-electorales se puede quedar sin defender, la gran misión de este proceso electoral es que todas las mujeres conozcan sus derechos y sepan cuáles son las herramientas y los mecanismos que tienen a su alcance para defenderlos.

Otra preocupación central en el INE es que el flujo de recursos ilícitos a campañas electorales pueden ser recursos públicos, pero no destinados a campañas electorales establecidos en la propia Constitución y, por tanto, ilícitos, y los recursos que provienen del narcotráfico. Por ello hay que explorar una mayor vinculación con la UIF para aprovechar sus procedimientos, recurso e información para que sean mejor utilizados en materia electoral. Por ejemplo, el caso de las empresas fachada, factureras, etcétera. Habría que aprovecharla para investigar estos casos.

Estoy interesada en investigar a las empresas que hacen los programas de resultados preliminares porque creo que hay un problema de empresas coludidas. En la última elección de Hidalgo no funcionó el PREP y detrás de todo esto puede haber un caso de corrupción y como autoridades debemos de investigar quiénes ofrecen los mencionados servicios, quiénes son los socios, a quién le están pagando o a dónde va ese dinero. Existe ese tema pendiente de equidad en la contienda desde la perspectiva del financiamiento ilícito en las campañas.

 

FJ: Dr. SN, ¿Cuáles cree que serían los retos del INE para su modernización?

SN: Hace 25 años se planteaba el concepto de transición democrática, hay quienes lo retrotraen hasta 1977, se construyó un discurso sobre la transición democrática muy importante que tenía como finalidad dos cosas: la alternancia gubernamental, lo cual se logró en el 2000, y el gobierno dividido, que se logró en 1997. Con esto se establecieron instituciones electorales y se construyó un sistema de partidos plural. Estamos en presencia de una consolidación democrática, tenemos tres alternancias sin derramamiento de sangre, las particularidades de la elección de 2018 con el hartazgo de la sociedad mexicana por la corrupción política y gracias a la fortaleza del sistema electoral dio los resultados que obtuvimos: el 53% de los votos para AMLO.

El sistema electoral funciona, sin embargo, hay cosas que se deben mejorar y no están ligadas con la alternancia ni la democratización, sino con la calidad de la democracia, ¿cómo evitamos la violencia política en contra de las mujeres?, ¿cómo evitamos la compra y coacción del voto y el condicionamiento de programas sociales, sobre todo en contextos de pobreza?, ¿cómo modernizamos las formas de votación? Lo cual me lleva a los temas de procuración de justicia penal electoral, ¿cómo se puede tener mejores mecanismos de repliegue ministerial para efecto de evitar que este tipo de conductas que se presentan en la calle, compra del voto, casas amigas, se produzcan?, ¿cómo hacemos para encarecerle a los partidos políticos, desde la perspectiva institucional, para que no realicen ese tipo de actos?

Considero que es importante lo que ya mencionaba la Consejera, mejorar los modelos de riesgo, el intercambio de información, entender que hay que respetar las autonomías institucionales aunque tampoco hay autarquía, se trata del Estado mexicano en su conjunto y todas las instituciones del Estado debemos actuar como tales, y eso incluye al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte, a los organismos autónomos y también es imposible pensar en combatir la delincuencia organizada sin el apoyo de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Inteligencia Financiera, etc.

Debemos de tener un diagnóstico claro sobre nuestros problemas y avanzar en conceptos que sean mucho más acordes con nuestra problemática: neutralidad electoral, autonomía de los órganos electorales, evitar violencia, financiamiento ilícito, temas vinculados con redes sociales, etcétera. Esto tiene que ir mejorando las tecnologías y las formas de entender el derecho electoral y, en general, el derecho constitucional mexicano.

“Se deben mejorar los modelos de riesgo, el intercambio de información, entender que hay que respetar las autonomías institucionales, aunque tampoco hay autarquía”: Santiago Nieto.

Es importante saber que el Estado mexicano trabaja de manera coordinada, a nadie le sirve un consejero electoral que se pelea con el Ejecutivo, lo útil es buscar los mejores mecanismos para poder hacer cumplir la Constitución cuando se trate de un tema de interpretación constitucional. Lo que necesitamos es mejorar los procedimientos para acelerar la integración de las carpetas de investigación y se puedan judicializar para efecto de sancionar la violencia política contra las mujeres, cómo hacer circular de manera más eficiente la información que tiene la UIF, el SAT o la Procuraduría Fiscal, a todas las instancias para evitar que haya corrupción, peculado electoral.

El enemigo no está en el Estado mexicano, no está en los órganos autónomo ni en el Ejecutivo, Legislativo ni Judicial. Nuestro sistema constitucional funciona en la medida en que todas las partes se armonicen y se estructuren políticas públicas uniformes para combatir los grandes problemas que tenemos. Ese debe ser el mensaje social: el Estado mexicano es mucho más fuerte que la delincuencia organizada y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que los corruptos, los violentadores de mujeres, la delincuencia organizada o empresarios que quieran tener un beneficio, realicen acciones ilícitas que lesionen la calidad de nuestro sistema.

 

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