El último gran caso en México de un detenido por el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil, inició fuera del país, en algún servidor de internet en Menlo Park, California, a 720 kilómetros de la frontera que nos divide con Estados Unidos.

En los tiempos en que Google y Facebook consumen nuestra vida diaria, fue en las sofisticadas oficinas de esos dos gigantes de las telecomunicaciones que se detectó que en un mundo muy distinto al de ellos, el de los verdes campos de golf y la tecnología de punta, una niña era víctima de un pederasta en el populoso municipio de Coacalco, Estado de México.

La niña, de 11 años, sería nombrada en los archivos de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas del Estado de México como AMVG y su victimario ubicado como Marco Antonio G., dos décadas mayor que ella y quien se había ganado su confianza, y luego sus pesadillas, gracias a que eran vecinos en la misma colonia El Laurel, que forma parte de esa región que las autoridades han llamado “el corredor de trata de personas”, donde decenas de niñas y adolescentes han desaparecido y perecido en la franja que recorre Coacalco, Tecámac, Tultepec, Tultiltán y Ecatepec.

Las investigaciones iniciaron el 25 de julio de 2019, cuando la Agregaduría de Investigaciones de Seguridad Interna de la Embajada de los Estados Unidos en México informó a la Fiscalía Especializada de Trata de Personas del Estado de México, que las empresas Google y Facebook habían emitido una alerta después de detectar a un usuario que probablemente poseía, producía y distribuía pornografía infantil, por lo cual se inició de manera inmediata una carpeta de investigación.

Aunque aún no queda claro cómo es que estos gigantes de las telecomunicaciones detectaron que había pornografía infantil en las cuentas de Marco Antonio G., lo que sí nos explicaron en un evento al que asistimos en las oficinas de Facebook es que esas empresas cada vez usan con más frecuencia la inteligencia artificial para estos hallazgos. Por ejemplo, hay registros de que usan programas de última generación que escanean miles de imágenes por segundo y de acuerdo con los pixeles de las fotografías se puede inferir si se trata de un archivo que contiene algún desnudo. Si eso sucede, un segundo escaneo de los tonos de piel y rasgos de la persona retratada puede arrojar si se trata de una niña o un niño.

En ese caso, el programa de inteligencia artificial envía una alerta que llega de manera inmediata a las autoridades y así arranca una investigación. Este tipo de programas tienen dos grandes ventajas: realizan un trabajo de examinación de imágenes que sería imposible que realizaran seres humanos en una corporación de policía y al automatizar la alerta se impide que, por corrupción u omisión, las denuncias se pierdan en el sistema judicial.

Una vez que la denuncia llegó a la fiscalía mexiquense, los resortes de ambos países se dispararon para llegar hasta la víctima y rescatarla: se sumó la División Científica de la Policía Federal en México con la Agregaduría de Investigaciones de Seguridad Interna de la Embajada de los Estados Unidos en México, así como la corporación estadounidense Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados. Una vez confirmada la existencia de un correo electrónico que vinculaba a Marco Antonio G. en dos cuentas en Facebook y Google, el área de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República logró entrar a ambos perfiles y revisar su contenido. Lo que los agentes hallaron les golpeó en las entrañas: mil 559 imágenes explícitas, con contenidos de actos sexuales y exhibicionismo corporal, reales, en los que participaban menores de edad.

Todas las imágenes eran perturbadoras, muchas de las fotografías que almacenaba Marco Antonio G., eran viejas instantáneas conocidas por los agentes, de niñas extranjeras, algunas desaparecidas en Estados Unidos, Sudamérica o Europa; victimadas muchos años atrás y que suelen reaparecer en operativos de este tipo, pero, una compilación en particular les inquietaba, porque parecía creada en México y por el mismo sujeto titular de las cuentas. Fue entonces cuando los agentes entendieron que no solo buscaban a un coleccionista de pornografía infantil, sino a un productor y depredador. La vinculación de las cuentas de Facebook y Google con un teléfono celular permitió conocer la ubicación aproximada de Marco Antonio G.; luego, un dictamen de las fotografías almacenadas y producidas confirmó que aquel hombre era el responsable.

Con esos elementos en la mano, el 12 de septiembre de 2019, la Fiscalía Especializada de Trata de Personas del Estado de México solicitó una orden de aprehensión contra el presunto criminal ante un juez especializado en línea en Órdenes de Aprehensión y Cateos del Poder Judicial del Estado de México.  Cuatro días más tarde, la suerte de Marco Antonio G. estaba echada: había permiso para llegar hasta la avenida Carlos Hank González, entrar a su casa y revisar todos sus dispositivos electrónicos. El juez también obsequió una orden para buscar en el domicilio contiguo a la víctima, la niña de 11 años, AMVG. La velocidad con la que se fueron agotando las etapas de la investigación tenía una evidente razón: agentes y jueces sabían que cada día perdido era un día más en el infierno para la víctima. Un tormento que, desgraciadamente, es más común de lo que se cree en México: según un informe publicado en 2017, por la entonces Procuraduría General de la República, las autoridades federales habían detectado unas 12 mil 300 cuentas de internet en México que distribuyen fotografías y videos que exhiben a menores explotados sexualmente.

Por ello, México tiene el deshonroso primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil, según una clasificación de la Organización de Naciones Unidas y que ha sido confirmada por distintas instituciones nacionales que van desde el Senado de la República hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y no se trata solo de la difusión de pornografía infantil. Hay estudios que ubican a México como el segundo destino de turismo sexual más importante del mundo, solo detrás de Tailandia. Cada año, miles de viajeros llegan a México con el objetivo de tener relaciones sexuales con menores de edad, a sabiendas de que los niveles de corrupción hacen que cerca del 95% de los delitos en el país no sean perseguidos. Ellos engrosan una maquinaria mundial que genera, conservadoramente, unos 32 mil millones de dólares anuales.

El caso de Marco Antonio G., afortunadamente, cae en ese pequeño, pero esperanzador porcentaje del 5%. El 17 de septiembre se ejecutó la orden de cateo y los agentes sorprendieron en su domicilio al presunto responsable: no solo aseguraron computadoras y discos duros donde estaban almacenadas las imágenes y videos de pornografía infantil, sino que se logró el rescate de la víctima. Al final, se cumplimentó la orden de aprehensión contra el imputado.

El 22 de septiembre, las evidencias de lo hallado en los dispositivos electrónicos permitieron que un juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec vinculara a proceso a Marco Antonio G., por el delito de Trata de personas en su modalidad de pornografía de personas menores de dieciocho años, en su hipótesis de producción de material pornográfico, con la agravante de tener una posición de confianza respecto a la víctima. El golpe que asestaron las autoridades mexiquenses fue doble: a Marco Antonio G., también le sumó el mismo delito, pero en la hipótesis de almacenamiento.

A partir de entonces, empezó un conteo regresivo de dos meses para que las autoridades hagan una investigación complementaria, que sellará el destino del pornógrafo de Coacalco. Todo indica que su nombre engrosará muy pronto la lista de sentenciados por los delitos de trata de personas, esos que no logran recuperar su libertad. El último gran caso en México de un detenido por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil es un modelo de éxito para las autoridades; un ejemplo de investigación profunda, colaboración internacional y rapidez para frenar a este delito sin fronteras.

Con el apoyo de las nuevas tecnologías cayó un pornógrafo infantil. Ya tenemos una receta para que caigan los que faltan.

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