La democracia y los derechos fundamentales parecen dos conceptos que van de la mano, ya que resulta difícil imaginar un gobierno que tenga uno solo de los mismos y no el otro. Pero la realidad es que no necesariamente se presentan juntos, e incluso en aquellos casos en que se presentan en un mismo sistema, presentan tensiones permanentes.

La democracia tiene como regla general la decisión mayoritaria, se sustenta en la idea de que el gobierno común solo es posible mediante el consentimiento del mayor número de quienes serán gobernados. Parte de la idea de la igualdad que se ejemplifica en la frase “una persona, un voto”, así como en la noción de que todos los poderes políticos deben proceder o rendir cuentas ante la ciudadanía.

Los derechos fundamentales, aquellos que tienen que ver con las personas (derechos humanos) con el estatus de ciudadano (derechos civiles, derechos políticos) o la pertenencia a un grupo desfavorecido (derechos sociales) se han construido históricamente sobre el derecho de propiedad, que los liberales políticos y económicos del siglo XVIII usaron como base para moldear todos los otros derechos. Así la propiedad, que era una figura del derecho civil protegida por medios de defensa y requisitos para su afectación, se convirtió en el modelo ideal de todos los derechos y libertades posteriores. Permiten la libertad como base de la diferencia.

Derechos y democracia no nacen al mismo tiempo, ni tienen el mismo objetivo, tan es así que los teóricos y políticos norteamericanos del siglo XVIII y XIX presentaban a su país como una “república”, no como una “democracia”, considerando que la primera limitaba la voluntad de la masa de votantes.

Pondré un ejemplo del choque entre democracia y derechos humanos: En Suiza un musulmán pretendió construir un minarete en su pueblo, después de que la administración municipal se negara, el asunto llegó hasta el más alto tribunal, quien decidió que la negativa era ilegal, así que se construyó la torre. Sin embargo, un grupo de ciudadanos consiguió que se sometiera a consulta la prohibición de levantar ese tipo de edificaciones, y la mayoría del cuerpo electoral votó a favor de la propuesta.

Así en Suiza, desde 2009, existe la libertad de cultos constitucionalmente protegida, y también está prohibida la construcción de minaretes, lo que se ha asentado en la misma Constitución.

Ahí tenemos un ejemplo de una decisión democrática que limitó derechos. No puede criticarse su origen popular, pero sí señalar su limitación a la libertad religiosa; cierto, se trata de un caso extremo, pero permite ilustrar las tensiones entre democracia y derechos.

El arte del gobierno democrático y orientado a los derechos de las personas está justamente en equilibrar esos dos principios, de manera que colaboren para una sociedad más justa, y no se anulen en un beneficio parcial y temporal.

No es fácil, pero hay que reconocer que nadie afirmó que el arte de gobernar lo fuera.

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