El federalismo mexicano ha partido de considerar que las funciones ejecutiva, legislativa y judicial existen en lo federal y en las entidades, por tanto la distribución de competencias se ha hecho con base en la materia más que en la función.

Tengo la impresión de que esto está cambiando y pasamos a un modelo federal con un fuerte componente de distribución por funciones. Diría que una tropicalización del federalismo de ejecución. Propongo dos temas que ilustran mi percepción: uno es el electoral y otro el penal.

En el primero a partir de la reforma constitucional de 2014 se ha creado un modelo en el cual las principales decisiones legislativas y reglamentarias son del Congreso de la Unión o del Instituto Nacional Electoral, ya sea por vía de leyes generales, reglamentos o lineamientos; prácticamente no hay un asunto comicial que pueda ser regulado totalmente desde las entidades.

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Respecto del segundo tema la existencia de una ley procesal penal única, así como la posibilidad de un Código Penal nacional (dejando una facultad legislativa muy reducida a los estados en esa materia) es la fuente de mi intuición.

Los dos casos anteriores me hablan de una tendencia más allá de un sexenio o de una corriente política, trazan un nuevo mapa político con tinta jurídica en el que se agranda la federación en lo legislativo mientras lo local se reduce en correlación.

Estaría tentado a afirmar que esto es producto de la desconfianza hacia la política y la ciudadanía local, pero tal vez sea un cambio más profundo que se relacione con la complejidad que ha adquirido el estado mexicano.

Si efectivamente está cambiando la naturaleza de nuestro arreglo federal, es posible que empecemos a ver el surgimiento de comisiones legislativas, administrativas o de los órganos autónomos, que supervisen a las autoridades locales en la ejecución de las medidas tomadas desde el centro.

El tiempo dirá si mi percepción fue o no acertada.

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