Una de las propuestas en el Plan de Austeridad de López Obrador es la reducción de los sueldos de la alta burocracia del gobierno federal, incluido el del presidente de la República.

En concordancia con su propuesta, el presidente electo anunció con bombo y platillo que percibirá un salario de 108 mil pesos mensuales, sin bono de compensación, equivalente al 40% de lo que hasta ahora percibe Peña Nieto. También aseguró que buscará reformar la Constitución Federal para que se establezca que nadie pueda tener un salario mayor a del presidente de la República.

Al respecto, algunos actores políticos se han pronunciado en contra de la medida aduciendo, en primer lugar, que se corre el riesgo de que el personal especializado y altamente capacitado que ocupa los cargos de la alta burocracia y áreas técnicas de alta especialización, no quiera desempeñarse en el sector público federal; en segundo lugar, argumentan que se generará una multitud de amparos y demandas laborales en contra de las dependencias; por último, temen que ante la disminución salarial crezca la corrupción.

Respecto de la primera de las objeciones, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, afirma que existen filas de personas dispuestas a trabajar en el gobierno federal con el salario que éste establezca. El punto será que probablemente los aspirantes posean excelente calidad profesional, sin embargo, difícilmente tendrán el conocimiento específico de las funciones del puesto a desempeñar, fundamentalmente del marco jurídico, administrativo y técnico que regula el ámbito material de aplicación y repercusión de las acciones que realice y/o dirija, por lo que la sustitución del universo de la alta burocracia afectará significativamente la marcha cotidiana de la administración pública federal. Esta situación puede costar mucho más caro y ser más trascendente que el ahorro de la mitad del salario de esos funcionarios públicos.

En cuanto a los amparos y demandas laborales en contra de las dependencias, siendo posible la multiplicidad de conflictos laborales, la realidad es que con cada cambio de sexenio se renueva prácticamente el 100% de la alta burocracia (secretarios, hasta jefes de departamento), que conforme a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado son empleados de confianza, práctica que si bien disminuyó significativamente desde el sexenio de Fox, aún persiste. Por lo que en caso de que los sobrevivientes al rasero sexenal no acepten convenir expresamente su diminución salarial, sin duda serán sustituidos por noveles en la encomienda, quienes ingresarán con el nuevo nivel salarial; en tanto, los excluidos realizarán las acciones legales que consideren pertinentes.

El tercer argumento expuesto por los censores, el del aumento de la corrupción, carece de razón ética y objetiva, dado que la historia reciente, sobre todo la vivida en este último sexenio, ha demostrado que la percepción de altos salarios no impide ni abona a la erradicación de la corrupción, pues el núcleo de esa desviación no se encuentra en la cantidad de dinero que se perciba, sino en la calidad ética y moral de la persona. Tratándose de servidores públicos, de la alta burocracia o no, se deberá continuar con la aplicación de los exámenes psicométricos que indiquen su nivel de confianza y de valores éticos, en caso de que incurran en actos de corrupción deberán ser sancionados ejemplarmente.

Por otra parte, López Obrador deberá precisar que la reforma a la norma constitucional que se propone realizar es innecesaria, dado que actualmente, en la Fracción II del artículo 127 de la Constitución Federal ya se encuentra normado que ningún servidor público puede percibir salario superior al del presidente de la República, por lo que el quantum de la remuneración deberá ser acotada anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Lo que deberá considerar el señor López, es que al suprimir los bonos y las compensaciones, las oficialías mayores, tesorerías, direcciones de administración de cada dependencia deberán ser altamente capacitadas y eficientes para pagar mes a mes los importes correspondientes a las horas extras de trabajo que diariamente realizan los altos burócratas y, en general, el personal de confianza, derecho que conforme a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado es irrenunciable y será entonces que el nuevo presidente se percate que le salió más caro el caldo que las albóndigas; salvo que el señor López, olvidándose de que la enorme mayoría de los trabajadores laboran por necesidad y no por apostolado y pasándose por el arco del triunfo a la citada ley, también disponga que a nadie se le pague ninguna percepción por jornada extraordinaria.

Sobre las canonjías que promete extirpar del presupuesto de egresos como: choferes, autos, gasolina y gastos de representación, parece correcto, sobre todo considerando que no importará que un Director General no llegue puntual a una cita, digamos ante una Comisión de la Cámara de Diputados o intersecretarial, dado que al presidente de la República no le importará llegar puntual o no, a una sesión del Consejo General de ONU.

En el tema de la supresión de la multiplicidad de secretarios particulares hasta director general, será interesante ver cómo los subsecretarios y directores generales dividen su tiempo y atención en el desahogo entre las labores prioritarias del área a su cargo y las de índole procesal o administrativo.

Por otra parte, la supresión del pago de la prima del seguro de gastos médicos mayores será correcto para que cada quién cubra el propio. Acaso la administración pública en su conjunto logre que alguna compañía aseguradora conceda costos preferenciales o no, de cualquier forma, como Bogart siempre tuvo a París, los burócratas tendrán al ISSSTE.

En lo referente a la supresión del seguro de separación individualizada, seguramente el gobierno federal prevendrá la partida necesaria para el pago de liquidaciones e indemnizaciones legalmente procedentes para cada alto burócrata que despida.

Relacionado:

• Para qué le alcanza