La seguridad pública y la observancia al respeto irrestricto de los derechos humanos es un tema que, en México, hasta estos momentos no arrojan los mejores resultados, ya que la sociedad sigue cuestionando la actuación de las Instituciones encargadas de llevar a cabo estas labores, esto es debido al incremento del índice delictivo y a la falta de garantías a favor de las víctimas del delito.
Para abordar este tema, es necesario decir que la seguridad pública es la ausencia de peligro, daño o riesgo. También es la sensación de confianza que se tiene en algo o alguien.
El concepto de “Seguridad” proviene del latín «securitas» que, a su vez, se deriva del adjetivo securus, el cual está compuesto por se (sin) y cura (cuidado o preocupación), lo que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse.
La seguridad pública, es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social.
En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (debe alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes.
Por lo que respecta a los derechos humanos, podemos entenderlos como el conjunto de prerrogativa que son inherentes al ser humano, los cuales deben ser no sólo reconocidos, sino protegidos por el orden jurídico estatal y de ahí deriva la obligación de que todos los respetemos, aunque de acuerdo a nuestra Constitución, la obligación legal de su protección recae en las autoridades.
En nuestro país, la protección de los derechos humanos está debidamente fundamentada y motivada en el artículo 102 Constitucional Apartado A, toda vez que ordena que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, dentro de su ámbito de competencia deben establecer organismos de protección a los derechos humanos amparados por el orden jurídico y que estos organismos conocerán de las quejas por actos u omisiones administrativas de cualquier autoridad o servidor público que violen los derechos humanos, salvo el personal adscrito al Poder Judicial, asimismo se indica que dichas Comisiones realizarán recomendaciones de carácter público, no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades competentes.
La seguridad pública en nuestro país está en crisis debido a que los sistemas de justicia están corrompidos e infiltrados por la delincuencia, además de que seguimos en el tema de aumentar las penas en vez de hacer una mejor investigación de las causas etiológicas del delito y de su prevención, por lo tanto, no se ha reducido el índice delictivo, ya que solamente se ha pretendido en cierta forma que la sociedad piense que se está trabajando en su bienestar.
En México, esperamos un cambio de verdad con el nuevo Gobierno, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, será la encargada precisamente de velar por la seguridad de todos lo que aquí habitamos y/o de los que están de paso por alguna razón, con su actuación nos deberemos de sentir seguros y protegidos, razón por la cual, la actividad gubernamental se encuentra bajo el ojo del huracán a través de diversas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general.
Es sabido que, a los defensores de los derechos humanos, en algunos casos se les persigue y en lo posible, se les castiga, esto es parte de la realidad de nuestra sociedad, sin embargo, es necesario contar con una cultura de los derechos humanos en nuestro país, puesto que son fundamentales para lograr un verdadero estado de derecho.
Aunque el Estado ha realizado acciones para proteger al ser humano de los abusos del poder por parte de la autoridad, no se ha logrado erradicar los vicios añejos y tan arraigados dentro de la burocracia.
Es por ello que, para que exista ese respeto verdadero a los derechos humanos, el Estado debe integrar cuerpos de seguridad pública profesionales, debidamente capacitados para desempeñar sus funciones y de esta manera dar mayores resultados en pro de los derechos humanos, así como lograr implementar una política criminal basada en la experiencia de años anteriores, para no caer en los mismos errores, pero sí para mejorar lo que se hasta el momento se ha logrado avanzar.
Por consiguiente, hoy debemos considerar que la seguridad pública no es una cuestión sólo federal, sino también estatal y social y que, por ende, debemos participar para lograr su efectivo cumplimiento, pues nuestro estado de derecho no puede estar basado en leyes que no son justas, sencillamente deben estar apegadas al principio de legalidad.
Las autoridades y la sociedad debemos conformar un frente común en contra de la inseguridad y de la violencia, en este sentido, no deben existir divisiones por ideologías políticas, ni partidistas, puesto que los objetivos deben ser comunes y no particulares, por ello, de los resultados favorables que se vayan obteniendo de las acciones que se han ido efectuando en las materias de seguridad pública y de derechos humanos, dependerá en mucho que la sociedad recobre la confianza en sus instituciones y acuda a ellas, con la plena convicción de que en realidad están para servirle a ella y a las víctimas y no al servicio de la delincuencia.