A lo largo de la historia, la violencia de género ha sido una constante en la sociedad mexicana, magnificándose de forma exponencial durante los últimos años. A pesar de las manifestaciones y movimientos que exigen justicia, protección y un cambio de paradigma del pensamiento machista que ha regido esta nación, la problemática no ha sido atendida con la urgencia necesaria.

En México, este fenómeno representa un problema excesivamente preocupante. Las noticias relacionadas a la violencia contra la mujer son una constante en los medios de información y sucede en todos los niveles y ámbitos sin distinción alguna. La cultura social fomenta la violencia contra las mujeres al seguir los patrones de educación con la ideología práctica de que las mujeres están para ocuparse de las labores domésticas y los esfuerzos realizados por consolidarse profesionalmente son minimizados.

A pesar de contar con medidas de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres, la realidad es que en la práctica no se ha visto reflejado un cambio, pues sigue existiendo una disparidad que afecta el día a día de las mujeres en México y que se traduce en violencia física o psicológica en diversos ámbitos. Solamente en México, conforme a datos obtenidos por la Organización de las Naciones Unidas, son asesinadas 10 mujeres al día, y a eso hay que sumarle la cantidad de víctimas que existen derivado de otros tipos de violencia.

Todo lo anterior nos hace ver a las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad y de impartir justicia como parte de gobierno de esperanza que ahora nos obliga a vivir en un país permeado de violencia e incertidumbre. Los ciudadanos y principalmente las mujeres, no debemos acostumbrarnos jamás a la inseguridad que se vive nuestro país.

Por lo tanto, transformar todo aquello que resta y suprime los derechos de las mujeres debe ser el objetivo principal de esta lucha para protegerlas.

Es cierto que la nula atención a este problema no es culpa exclusiva del gobierno actual, sin embargo, éste tiene la obligación de evaluar las políticas y determinar el grado de efectividad de las mismas, para conforme al estado de resultados, realizar los ajustes correspondientes a aquellas con el menor grado de efectividad dentro de su objetivo, pues sin una evaluación, las políticas se terminan convirtiendo en letra muerta y buenos deseos.

Una multiplicidad de organizaciones ha tratado de llenar los vacíos de información y datos, cuestión que debe ser aprovechada por el gobierno como un impulso para un plan de acción, pues la intención de la recopilación de datos no es únicamente cuantificar los delitos cometidos contra las mujeres, sino prevenirlos y erradicarlos en la medida de lo posible.

Como un primer paso, los procesos judiciales deben estar estructurados para atender eficazmente las denuncias, para evitar la revictimización y ofrecer una solución real, teniendo en consideración que el personal encargado de atender las denuncias debe estar calificado para recibir y procesar los datos sobre el agravio que se acusa, pues en muchas ocasiones, además del daño experimentado por la víctima, los funcionarios sugieren que es culpa de las denunciantes, pues fueron ellas quienes provocaron o incitaron a su agresor a atacarlas, en otras palabras “tú te lo buscaste”.

Dentro de este plan de acción es indispensable promover marcos normativos y de política pública que sean integrales con enfoque en los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y buscar una implementación efectiva de los mismos. Asimismo, se deben instrumentar a las instituciones públicas con recursos para poder permear a la sociedad de información que busque la prevención y erradicación de las formas de violencia que se sufren en México.

La atención a víctimas de violencia mediante un plan estructurado es esencial, donde las acciones tendientes a prevenir, erradicar y en su caso sancionar los delitos cometidos contra la mujer, deben partir de un enfoque multidisciplinario que incida en los distintos factores que originan la violencia, buscando no solo la participación del gobierno, sino de los gobernados.

De la igualdad legal a la igualdad real existe un largo camino por recorrer, pero es trabajo de todos llegar a lograrlo.

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